ISSN: 1697-090X

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    Letters to the Editor / Cartas al Editor


    EDADISMO

    Isabel Martínez-Cuevas, MD

    Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Deusto, Bilbao.

    Email: isabel.marcue @ opendeusto.es

    Rev Electron Biomed / Electron J Biomed 2020:1 (en prensa/in press).



    Señor editor:

    En la primera oleada de la pandemia, desde principios de marzo hasta el 10 de mayo aproximadamente, el número de fallecidos en residencias de ancianos en España fue de 18.883. Estos datos fueron recogidos por las Comunidades Autónomas tras una lectura literal de la orden SND/275/2020 del Ministerio de Sanidad, y posteriormente actualizados por el IMSERSO contabilizando 20.268 fallecidos. De ellos, 10.634 eran confirmados casos de COVID-19 mediante pruebas diagnósticas mientras que 9.904 eran catalogados como "fallecidos en residencias con sintomatología compatible COVID-19" 1. Se establece por lo tanto que del total de fallecimientos por contagio del virus de SARS-Cov-2 en la primera oleada, un 47-50% se produjeron en residencias.

    Tal y como recoge Amnistía Internacional en su informe "Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España" se produjo al inicio de la epidemia la denegación sistemática de la derivación a hospitales de personas ancianas institucionalizadas contagiadas en Madrid y Cataluña2 sin realizar valoraciones individualizadas. Amnistía Internacional denunció que se produjo una "falta de protección del personal (...), escasez de recursos y mínima asistencia médico-sanitaria, la exclusión generalizada y discriminatoria de la derivación hospitalaria y el aislamiento de residentes durante semanas enteras sin apenas comunicación con sus familias ni con el mundo exterior"3, produciéndose la violación de cinco Derechos Humanos: el derecho "a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna"3. En el capítulo 3 de dicho informe se recogen una serie de testimonios y evidencias que confirman preponderantemente la discriminación en la derivación a hospitales sufrida por los ancianos contagiados por el virus.

    El Comité DESC de la ONU recoge en la Observación General nº14 (2000) que "la denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a determinadas personas o grupos de personas como resultado de la discriminación de iure o de facto"4 es una ejemplo de la violación del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales.

    Por otro lado, en un informe realizado por las Naciones Unidas datado de mayo de 20205, se pone en relieve la necesidad de que los protocolos de triaje aseguren que las decisiones están basadas en la necesidad médica, los criterios éticos y la mejor evidencia científica disponible, pues las personas mayores pueden verse afectadas por la discriminación en decisiones relativas al cuidado médico, triaje y terapias para salvar la vida. Este informe sostiene que cuando más solidaridad se ha necesitado, se ha visto que la COVID-19 ha evolucionado con un arraigado "ageism", definido por Rosemary Lane (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas) en 2016 como "término acuñado para describir los estereotipos y la discriminación de las personas en función de la vejez. Las percepciones y suposiciones negativas sobre las personas mayores (...) son abrumadoramente comunes en las sociedades de todo el mundo. Estos prejuicios devalúan a las personas mayores y las describen como frágiles, no contribuyentes y una carga para la sociedad"6. La OMS, en su Informe Global sobre discriminación por edad (Global Report on Ageism, 2021) considera tres dimensiones de este fenómeno: estereotipos, prejuicios y discriminación, cada uno de ellos vinculado a una distinta facultad psicológica: pensamientos (estereotipos), sentimientos (prejuicios) y acciones o comportamientos (discriminación)7.

    En el Informe1 del Grupo de Trabajo COVID-19 y residencias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, datado del 21 de noviembre de 2020 y en relación con lo explicado, se reconocía que "no se puede dispensar la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida, ni difuminar la vida de cada persona mayor o con discapacidad en un grupo de iguales homogéneo".

    El valor del respeto hacia las personas mayores debido a la gratitud hacia padres y mentores, el valor de la sabiduría por la experiencia y sus aportaciones a las comunidades, se ha ido difuminando en la sociedad española dando paso a una discriminación hacia los ancianos.

    Se ha visto que muchas personas consideran que es necesario tener en cuenta "el valor social de la persona"8 en la asignación de recursos limitados o que se debe de seguir un "principio igualitario" que "promueve que todos los individuos tengan la oportunidad de vivir su ciclo vital"9, dando preferencia a los jóvenes por encima de los mayores. En estos prejuicios hacia la persona mayor se vislumbra una clara gerontofobia. Se piensa que la persona, al ser mayor, ya no tiene ninguna utilidad social pues no es productiva y, por tanto, ínútil para el sistema (sistema entendido como lo definiría Talcott Parsons). Se ha vinculado la vejez a la enfermedad, la vulnerabilidad y la fragilidad, resultando un estereotipo erróneo, pues son innumerables las formas en las que las personas mayores contribuyen a la sociedad.

    Desde el punto de vista económico y para contraatacar a aquellos que miran el precio por encima del valor centrándose en esa "productividad" mal avenida, son muchas las actividades económicas en las que los ancianos participan. Por ejemplo, realizan un trabajo de apoyo social no remunerado, cuidan de los niños o de personas dependientes en el ámbito familiar o siguen trabajando una vez jubilados. Incluso "las personas necesitadas de atención y cuidado también son productivas, porque sin ella decaerían prodigiosamente el mundo sanitario, los laboratorios, las residencias (..) y la farmaceútica"10, afirmaba Adela Cortina en uno de sus artículos.

    Además, se está produciendo el envejecimiento de la población en España a la vez que la esperanza de vida aumenta. Según el INE, en el año 2019 la esperanza de vida al nacer en España era de 84 años11. Estima el Centro Internacional sobre el envejecimiento (CENIE) que en torno a 2050 habrá en España 17,5 millones de personas "de 60 o más años de edad"12. Se está produciendo un cambio demográfico con unas dimensiones que entrañan un reto para la sociedad. Las personas mayores tienen un peso determinante, dando lugar incluso a una nueva economía que se conoce como "silver economy"13. Es falso, por tanto, que las personas no contribuyen a la sociedad basándose en argumentos que únicamente miran lo económico, el precio, y que en realidad tienen enraizado un edadismo que, como decía Cortina, es poco inteligente, pues los "edadistas jóvenes o maduros llegarán a la vejez, si no fallecen antes, con lo cual se odian a sí mismos por anticipado"10.

    En conclusión, la equidad que entreteje la ética, el dar a cada cual lo que le corresponde, resulta imprescindible en el momento en el que se da una situación de emergencia que requiere la distribución de recursos limitados. En toda circunstancia, por extrema que sea, se deben respetar los derechos de los colectivos más vulnerables de la sociedad, como ancianos o personas con diferentes capacidades.


    REFERENCIAS



    CORRESPONDENCIA:
    Isabel Martínez-Cuevas, MD
    Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
    Universidad de Deusto,
    Deusto. Bilbao. España
    Email: isabel.marcue @ opendeusto.es


    Recibida: 26/12/2021
    Publicada: 30/12/2021